El 96 por ciento de las mujeres y disidencias sufrió algún tipo de acoso callejero y el 100 por ciento utilizó diferentes estrategias para sentirse más segura en la calle. Los datos provienen de una encuesta de 2019 que hizo la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) junto con Libres y Diverses para visibilizar la situación que a diario viven mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries en la vía pública.
Esta semana, el Senado aprobó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal de la Nación un artículo sobre la prevención y sanción a través de multas y prisión. El texto fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
“Entendemos que esta modalidad de violencia en espacios públicos, junto a las manifestadas en las plataformas virtuales, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, deben ser visibilizadas y abordadas con mayor impulso desde las políticas públicas. Habitar los espacios públicos #LibresDeAcoso es para las mujeres, trans, travestis y no binaries todavía hoy, otra lucha por saldar”, señalaron desde Mumalá.
Prevenir y sancionar
El acoso callejero como violencia en el espacio público fue incorporado a la ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en mayo de 2019. A través del artículo 6, la legislación reconoce como acoso callejero a la ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.
La provincia adhirió a la normativa nacional y la ley está vigente desde enero de este año. Establece que “quien hostigue mediante todo acto de naturaleza o connotación sexual (…) será sancionado con una multa de 1 a 5 unidades jus o uno a cinco días de trabajo para la comunidad”, siendo el valor actual de la unidad jus de $5.366,16.
En Rosario, fue incluido en el proyecto del nuevo Código de Convivencia que el Ejecutivo presentó a fines de marzo al Concejo para reemplazar el actual Código de Faltas. Entre los aspectos, establece penar a quienes en la vía pública “profieran insultos mediante gritos, o realicen señas, gestos o ademanes de provocación con el objeto de incitar, maltratar, acosar, turbar, intimidar, menoscabar psicológicamente o inferir agravio a cualquier persona”.
Además, estipula que si la acción se cometiera “contra la investidura, condición sexual, buen nombre u honor del personal docente o afectados a tareas educativas, médicos o integrantes de los equipos de salud con motivo o en ocasión de los servicios y/o funciones desarrolladas” la pena económica será mayor y puede alcanzar hasta los $78 mil. También prevé el cumplimiento de actividades comunitarias o formativas de sensibilización y concientización.
A principios de marzo, una iniciativa de la concejala Lorena Carbajal propuso modificar el actual Código de Faltas para incluir el acoso callejero como delito. Lo hizo en el marco del mes de la mujer y días previos a que una periodista fuera insultada por un taxista quien le exhibió sus genitales en medio de una protesta.
“La conducta del taxista encuadra en los hechos que buscamos se sancionen a través del Código de Faltas. Esta modificación no sólo incorporaría una multa económica sino además instancias educativas para quienes cometan faltas comprobables”, dijo la edila, al momento de presentar el proyecto que apunta también a la realización de campañas de comunicación por parte de la Municipalidad de Rosario y multas económicas desde los $4000 hasta los $12000.
El acoso sexual callejero fue incorporado en los Códigos de Faltas o Contravenciones en las ciudades de Pergamino, San Luis, y la Ciudad Autónoma de Buenas Aires.
Media sanción
Por 67 votos a favor y uno en contra del senador opositor Ernesto Martínez, el Senado apoyó un dictamen que unifica dos propuestas sobre el acoso sexual, una de las cuales ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados y resolvieron incorporar una serie de correcciones que obligan a devolver el expediente a la Cámara baja.
El primero de los proyectos, de la exdiputada del oficialismo Victoria Donda, incorpora el artículo 129 bis al Código Penal la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos y establece multas de entre 3.800 a 20.000 pesos al que, mediante gestos o palabras con connotación sexual, contacto físico o arrinconamiento, perturbare la dignidad, integridad física, psicológica o sexual de una persona, con motivo de su género.
El monto de la multa se eleva cuando la víctima fuese menor de 18 años o si el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad.
La norma contempla, también, como medida obligatoria para los condenados la realización de talleres orientados a concientización y erradicación de este tipo de violencia y se incorporan políticas públicas de difusión y concientización en la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres.
La iniciativa incluyó propuestas además de las senadoras de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri.
